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| LIC. ORESTES FREDESMAN ORTEZ ANDRADE |
En nombre del Estado de El Salvador y en el mío propio, expreso el profundo honor que representa poder compartir con ustedes nuestras experiencias y lecciones aprendidas en torno a la implementación de las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional.
Antes de entrar en materia nos gustaría de manera breve exponer a ustedes la radiografía económica, política y social de El Salvador de años anteriores. Seguidamente, transitaremos hacia la exposición de nuestras experiencias en los procesos de consenso en torno a las políticas públicas, que finalmente, nos llevarán a la exposición de nuestros principales logros obtenidos en relación a la consecución del derecho a la alimentación adecuada.
Antes de entrar en materia nos gustaría de manera breve exponer a ustedes la radiografía económica, política y social de El Salvador de años anteriores. Seguidamente, transitaremos hacia la exposición de nuestras experiencias en los procesos de consenso en torno a las políticas públicas, que finalmente, nos llevarán a la exposición de nuestros principales logros obtenidos en relación a la consecución del derecho a la alimentación adecuada.
El
Estado de El Salvador se ha encontrado en décadas pasadas con un contexto nacional
complejo. No obstante a ello, la historia indica que la madurez política ha
llevado a nuestro pequeño país a aprovechar ventanas de oportunidades para
realizar apuestas estratégicas. Hemos transitado, en ese haber, de una guerra
civil a la construcción de una democracia que poco a poco se ha ido
fortaleciendo; y en la que el enfoque de derechos humanos, ha ido tomando suma
relevancia.
Solo
para citar algunos ejemplos, durante el período de post-guerra el país entró a dinámicas
económicas relativas a ajuste estructural que transformó la base de la economía,
con consecuencias complejas como la reducción de la importancia del sector agrícola
en la economía nacional.
El
PIB agrícola de El Salvador para 1990 reportaba el 17,4%, mientras que en 2012 alcanzaba
apenas un 11,8%.
Las
consecuencias de estos procesos pronto se dejarían ver. Nos convertimos en un
país de mayor dependencia y vulnerabilidad alimentarias, importadores netos de
energía, de economía indiscriminadamente abierta, y con una alta densidad
poblacional, en donde la mayor parte de las poblaciones vulnerables la
constituyen aquellos que viven en zonas rurales, mujeres, indígenas y niños.
A
ello sumamos el vasto número de salvadoreños y salvadoreñas que entraron a la informalidad
laboral, llegando hasta un 47,8% en zonas urbanas y dentro de las cuales las mujeres,
con el 62% del porcentaje anteriormente mencionado, han sido las más afectadas.
Ya
en materia precisa de la complejidad generada alrededor de la inseguridad alimentaria
y nutricional del país para ese período, nos encontramos con datos alarmantes
en la lucha contra el hambre: La baja prevalencia de la desnutrición aguda en
comparación con la desnutrición crónica en menores de 5 años nos indica que el problema
de la inseguridad alimentaria en el país no estaba plenamente condicionado por
contingencias, sino que respondía a procesos de mediano y largo plazo en el deterioro
de la situación nutricional de la población, reflejado en una mala calidad de
la dieta y déficits alimentarios que han trascendido de generaciones en
generaciones.
Los
altos niveles de pobreza e indigencia, los bajos niveles de educación, la vulnerabilidad
ante el exceso de la volatilidad en el precio de los alimentos, las brechas sanitarias
y las condiciones inadecuadas para la producción de alimentos a nivel local, son
algunos de los elementos que conforman la radiografía de nuestro país y sobre
la cual hemos concentrado nuestros mayores esfuerzos en los últimos años.
No
obstante a ese panorama mostrado de las condiciones que prevalecían en El
Salvador, la sociedad salvadoreña en su conjunto ha enfrentado el reto de
generar procesos amplios para la toma e implementación de decisiones de largo
plazo en ámbitos clave para la seguridad alimentaria.
Es
así como se inicia desde mediados de la década de 2000, la apuesta hacia
diversas estrategias de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo
rural integral, descentralización, pacto fiscal y modernización de la gestión
pública, además de proponer una Política de salud, educación, seguridad
alimentaria y nutricional y vivienda digna. Todo lo anterior con un claro
enfoque de derechos humanos, en donde se plantea que el principal participante
fueran los hombres, mujeres, niños y niñas salvadoreñas.
El
desafío de implementar procesos políticos amplios y mecanismos gobernanza
inclusiva de la seguridad alimentaria y nutricional, muestran el inicio de
consenso en torno a las políticas públicas, haciendo énfasis en aquellas
relativas a la seguridad alimentaria y nutricional.
Lo
que anteriormente se reflejaba como marcos de política pública de manera
limitada y sectorial, hoy se concibe en nuestro país como un importante desafío,
el que hemos abordado mediante estrategias intersectoriales y comprehensivas,
siendo factores determinantes en esta construcción, un enfoque explícito de
derechos y el tránsito progresivo hacia el ejercicio pleno del derecho a la
alimentación adecuada que merece la población salvadoreña.
En
la dimensión de esta construcción de política pública, los logros relativos a
los marcos jurídicos e institucionales nos llevan a referirnos a la
interrelación de las directrices número 1, 4, 5, 7 y 9. Dentro de las cuales
los avances se ven expresados en el Proyecto del Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el año 2013, que constató la dispersión de
proyectos políticos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional y que dio
pauta para un proceso de construcción en el que confluyeron diversos actores
políticos y sociales a través de mecanismos de participación.
Por
su parte, coherentes con la revisión Constitucional que plantea la directriz 7,
EL Salvador ha Aprobado, como primer trámite, la reforma constitucional para la
inclusión del derecho al agua y la alimentación de manera expresa (2012), la
que busca: reforzar la exigibilidad del derecho a la alimentación, la
obligación de adecuar el marco jurídico e institucional preexistente al derecho
constitucional a la alimentación, la priorización de recursos humanos y
financieros en políticas públicas integrales, para su garantía.
De
fundamental atención y avance contundente, ha sido la Ratificación del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (2011): demostrando un importante compromiso y liderazgo político
en materia de derechos humanos a nivel internacional y regional. El Salvador,
se convierte así, en uno de los diez países en todo el mundo que han ratificado
el PF-PIDESC y con ello ha permitido su entrada en vigor en mayo de 2013.
Otros
marcos normativos que han respaldado el avance significativo del DAA son:
- Ley de Acceso a la Información Pública (2011) que fortalece la práctica de los principios de participación, transparencia, contemplados en el ejercicio pleno del DAA
- Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013)
- Ley del Programa Vaso de Leche Escolar (2013)
- Ley de Competencia (2004, reformada 2007)
Como
acciones concretas del avance en la institucionalidad, presentamos ante el
mundo el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN),
creado en 2009 por Decreto Ejecutivo como un mecanismo intersectorial de
coordinación política y técnica de la política nacional de SAN en el país y que
cuenta con el apoyo de un Comité Técnico (COTSAN): conformado por 14
instituciones del gobierno central, autónomas y descentralizadas
El
tránsito hacia la construcción de los contenidos de las políticas públicas nos
llevaron a tomar el camino indicado en las directrices 3, 2, 4, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16 y 17.
Actualmente
se cuenta con un Plan Estratégico que como primer paso realizó un diagnóstico
institucional y situacional sobre la SAN en el país, estableciendo así
objetivos claros, responsables e impactos para cada línea de intervención,
situando las bases para la ejecución de acciones acordadas intersectorialmente
y su rendición de cuentas para la implementación y realización concreta de la
Política nacional con meridiano enfoque de derechos humanos.
Es
necesario complementar, indicando que la política nacional constituye uno de
los esfuerzos multisectoriales que tienen como objetivo fundamental atacar las
causas y determinantes del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición
en El Salvador mediante un esquema de doble vía para la atención de necesidades
y creación de capacidades de forma simultánea.
Los
procesos políticos con enfoque de derechos humanos, tienen su principal
expresión en la propuesta del Sistema de Protección Social Universal (SPSU):
que es un esfuerzo de articulación en el que intervienen diversas instituciones
del área social y productiva para el despliegue de la oferta programática en
protección social, para la garantía de mínimos sociales y la progresiva
realización de derechos económicos, sociales y culturales, implementando
servicios diferenciados para las necesidades de los distintos grupos de la
población en función de su ciclo de vida.
El
SPSU articula y fortalece la oferta pública, incorporando 11 tipos de
intervenciones no contributivas que afectan las diversas dimensiones de la
seguridad alimentaria y nutricional:
De
estas intervenciones, principal atención merece el desarrollo del Plan de
Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2011-2014 (PAF):
Para
el Estado salvadoreño, el PAF representa un salto cualitativo con respecto a la
inercia político e institucional de décadas pasadas, pues reconoce explícitamente
a la Agricultura Familiar como un sujeto estratégico de políticas.
En
la actualidad, el SPSU ha transitado de ser una serie de programas sociales con
enfoque de derechos humanos a una serie de sistemas y subsistemas de protección
social universal contemplados en una Ley ya aprobada por la Asamblea
Legislativa, por lo tanto de obligatorio cumplimiento para el Estado
salvadoreño.
Todo
lo anterior ha permitido la intervención de más y nuevos actores con compromiso
político con el derecho a la alimentación, poniendo en la agenda pública la
seguridad alimentaria y nutricional al interior del poder Ejecutivo.
Por
todo lo anterior, es imperativo para el Estado de El Salvador garantizar la progresividad
de los logros compartidos. Sabedores que el fortalecimiento de estos avances
descansan en la dignificación de la población, no desmayaremos en la continua lucha
que implica el combate contra el hambre, fortaleciendo los procesos ya
iniciados y dando espacio a todos aquellos que permitan el ejercicio pleno del derecho
a la alimentación adecuada.
Gracias
por su atención.
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